El Consejo Legislativo del estado Apure, controlado por el gobernador Ramón Carrizález, denunció que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), al servicio “de los Rodríguez Torres”, atacan a militantes del PSUV y miembros de los consejos comunales en la entidad llanera, quienes están presuntamente involucraods en el intento de secuestro del hermano del ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres.
El diputado regional Héctor Ortega (PSUV) aseguró que “un grupo muy reducido del Cicpc” está siendo utilizado “como un aparato represivo” contra los frentes y los movimientos sociales, por órdenes de la “familia Rodríguez Torres”.
Ortega forma parte de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ). El Cicpc ha “entrevistado” a cuatro integrantes de la CRBZ en el marco de las averiguaciones por el intento de secuestro de Juan Carlos Rodríguez Torres en su fundo en Elorza.
“La familia Rodríguez Torres y directamente el alcalde Jorge Rodríguez han utilizado el Cicpc como un órgano represivo, con vehículos de la alcaldía distrital que les quitan las placas y los logos, y hacen procedimientos sin orden de la Fiscalía”, agregó el representante, que sentenció: “nos parece que hay complicidad del Ministro”.
Ortega puso en duda la veracidad del intento de secuestro. “Estamos casi convencidos de que es falso”, indicó, mientras advirtió que buscan “vincular a nuestro gobernador Ramón Carrizález con esto”.
La presidenta del Consejo Legislativo, Omaira Eslava, respaldó a su colega y aseveró que elementos del Cicpc “tienen una orden de atacar al PSUV, consejos comunales, la CRBZ (…) tienen una orden precisa de atacar a nuestra militancia”.
Eslava tachó de “derechista” al padre de Rodríguez Torres, antiguo dirigente del PSUV, y hasta cuestionó su gestión en el Alto Apure. “Se le va a meter la lupa por todas las obras que no ha hecho en 8 años, carros que ha comprado y no se sabe dónde están, obras que ha entregado a familiares y empleados de confianza”, espetó. Ortega añadió que el alcalde “tiene casi cinco quincenas que no le paga a sus empleados”.
El Consejo Legislativo de Apure ratificó la unidad del oficialismo y acordó investigar las supuestas agresiones perpetradas por agentes del Cicpc contra los rojos. Igualmente, revisará la administración de Rodríguez y de la alcaldesa opositora de Páez, Lumay Barreto. Eslava aclaró que se dedicarán a esto después del III Congreso del PSUV, “que es la prioridad”, reseñó el portal de Actualidad Venezuela.