El gobernador de Georgia, Brian Kemp, aprobó el 1 de mayo una nueva legislación, la HB 1105, que obliga a la policía a entregar a las autoridades de inmigración a extranjeros indocumentados.
La ley recién aprobada exige a las fuerzas del orden informar y retener a cualquier persona que se encuentre de manera ilegal en Georgia, para posteriormente ser entregada al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Además, establece sanciones para los policías que no notifiquen a ICE sobre el estatus migratorio de los detenidos.
El impulso de esta medida surge tras el trágico asesinato de Laken Riley, una estudiante de enfermería, el pasado 22 de febrero en el campus de la Universidad de Georgia. El principal sospechoso, José Antonio Ibarra, es un inmigrante venezolano.
A pesar de la justificación de seguridad pública detrás de la ley, defensores de los derechos de los inmigrantes han expresado su oposición, argumentando que fomenta el miedo y la desconfianza dentro de la comunidad migrante.
Esta preocupación radica en el temor de que esta legislación impida a los inmigrantes colaborar con la policía o denunciar delitos de los que son víctimas.
Redacción Maduradas con información de AP
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