Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicó este jueves 1° de julio un nuevo informe sobre el sistema de “abusos y torturas” empleados por fuerzas de seguridad del Estado contra la población venezolano, sobre todo, la disidencia del régimen de Nicolás Maduro.
EFE
El texto señala que su oficina siguió “recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Recibió algunos informes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación”.
“El Acnudh no tiene conocimiento de ninguna acción emprendida por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021”, destaca.
De igual manera, el documento advierte que persistieron “los patrones previamente identificados de desapariciones forzadas y detenciones en incomunicación”.
La ONU también detalla que en nuevos casos documentados por esa oficina, los ciudadanos “fueron sometidos a desapariciones forzadas, durante las cuales se las mantuvo incomunicadas y las autoridades se negaron a compartir su paradero con sus defensas o sus familiares”.
“Estas prácticas exponen a las personas detenidas a un mayor riesgo de sufrir malos tratos”, añade.
Asimismo, el informe revela que recibieron denuncias sobre violencia sexual contra mujeres en prisión preventiva, y destaca que la mayoría de las instalaciones no son adecuadas para cumplir las normas específicas de género y las reclusas frecuentemente están vigiladas por hombres.
“El 13 de marzo, un agente de la Policía Estatal de Barinas mató a una mujer bajo custodia policial, después de que ella se hubiera negado presuntamente a participar en actos sexuales. El Acnudh saluda la acusación del agente de policía que presuntamente disparó a la víctima, y pide a la fiscalía que investigue a fondo las denuncias de violencia sexual presentadas por otras mujeres detenidas y que procese a los agentes de policía presuntamente involucrados”, demanda la ONU.
En el documento alerta que se desconoce el paradero de varias personas, entre ellos el teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos, quien se está arrestado desde septiembre de 2018, y Hugo Enrique Marino Salas, detenido desde abril de 2019.
“La dinámica y las prácticas observadas por el Acnudh en informes anteriores continúan suscitando preocupación. Después de haber denunciado casos de tortura o malos tratos ante los tribunales, las personas detenidas fueron devueltas a la custodia de los presuntos responsables de los malos tratos denunciados. En algunos casos, los presuntos responsables habrían sido llamados a testificar contra las víctimas en los procesos penales que se seguían contra ellos. El Acnudh continuó recibiendo denuncias de estos casos, sin que los jueces o los fiscales adoptaran medidas preventivas para proteger a las presuntas víctimas o abordar las preocupaciones relacionadas con el debido proceso”, cita el escrito.
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Redacción Maduradas
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