Eduardo Fernández y Nelson Bocaranda son dos venezolanos, aparentemente, con los mismos derechos y las mismas obligaciones con la Constitución. Sin embargo, sus casos son representación de la situación crítica que atraviesa Venezuela, sobre todo en lo que respecta al acceso a documentos a los que todo venezolano debería poder acceder sin problema.
El año pasado, el periodista venezolano Bocaranda denunció que funcionarios del Servicio Administrativo de Migración y Extranjería (Saime) le habían retenido el pasaporte por este aparecer como “anulado” en el sistema.
Para el momento, el comunicador, había expresado que viajaría con su esposa y disponían ambos documentos de prórrogas activas tramitadas hasta 2020.
En contraste, Fernández promocionó los servicios de Saime y afirmó que obtuvo su documento de identificación sin mayores contratiempos.
“Tratemos siempre de servir a los ciudadanos”, expresó, en su momento, presidente del Centro de Políticas Públicas y Formación Centro de investigación social y de análisis político (IFEDEC).
La única diferencia entre estos dos venezolanos de la vida pública del país es que uno es acérrimo detractor y crítico del gobierno de turno, y el otro es “amigo” del oficialismo.
Esa es la situación que, actualmente, se vive en Venezuela, un país en el que el régimen profesa una «igualdad» que, en muchos casos, es cuestionada por la gran cantidad de denuncias sobre abusos y corrupción.