El régimen de Nicolás Maduro estaría por intensificar la persecución contra los diputados a la Asamblea Nacional electos en 2015, como parte de las investigaciones que comenzó para determinar las supuestas responsabilidades de las directivas del Poder Legislativo por los crímenes que, según, se cometieron en los últimos cinco años.
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Archivo
En una carta, José Brito, diputado al Parlamento chavista acusado de presunta corrupción, solicitó a Tarek William Saab, fiscal general del régimen socialista, dictar medidas cautelares contra de 35 dirigentes de oposición, incluidos varios que no están en Venezuela.
A continuación:
Juan Guaidó, Juan Pablo Guanipa, Carlos Berrizbeitia, Angel Palmeri, Alejandro Hernández, Sergio Vergara, Javier Troconis, José Ignacio Hernández, Enrique Sánchez Falcón, Marco Aurelio Quiñones, Elías Mata, Jorge Millán, Luis Carlos Padilla, Luis Florido, Freddy Superlano, Enrique Márquez, Edgar Zambrano, Luis Stefanelli, Olivia Lozano, Macario González, Carlos Paparoni, Luis Silva, Tobías Bolívar, Eliezer Sirit, José Antonio Mendoza, Romel Guzamana, Julio Ygarza, Jony Rahal, Dinorah Figuera, Marianela Fernández, Alexis Paparoni, María Gabriela Hernández, Orlando Ávila, Williams Dávila, Rommy Flores.
El régimen socialista acusa a los parlamentarios y a quienes trabajan alrededor de Juan Guaidó, presidente encargado de la República, de presuntamente intentar apropiarse de las riquezas del país con el apoyo principal del gobierno de Estados Unidos, que estuvo a cargo de Donald Trump.
Las medidas cautelares, que según son para garantizar el correcto curso del proceso de investigación contra los opositores, comúnmente contemplan la negativa de salida del país, el congelamiento de las cuentas bancarias y prohibición de enajenar y gravar de todos sus bienes.