Nosotros, el gobierno de los Estados Unidos de América y el gobierno interino de la República Bolivariana de Venezuela reconocemos la degradación del Estado de Derecho en Venezuela gracias a la falta de voluntad por parte del ilegítimo régimen de Maduro de detener el tráfico de drogas y eliminar los elementos criminales que explotan todos los rincones de Venezuela. Reconocemos que Nicolás Maduro, el dictador venezolano y capo de la droga, representa un peligro para la estabilidad de toda la región y no solo para Venezuela. Para promover la seguridad del pueblo de Venezuela y nuestro hemisferio, el ilegítimo narco-régimen de Maduro debe ser responsabilizado y enfrentar la justicia por sus crímenes.
A tal fin, nuestros dos gobiernos continúan comprometidos rechazando el transbordo de drogas vía Venezuela, previniendo el cultivo ilícito de drogas y su consumo, combatiendo la corrupción endémica de oficiales del régimen e impidiendo el lavado de dinero y redes criminales relacionados con el tráfico ilegal de materias primas.
El 24 de noviembre nos reunimos para celebrar una reunión de trabajo con países de ideas afines donde abordamos el crimen transnacional, narcotráfico y otras actividades ilícitas conexas facilitadas por la ausencia del Estado de Derecho en Venezuela. Posterior a dicha reunión, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno interino de Venezuela expresan su apoyo a los siguientes principios de cooperación:
– Subrayando nuestro compromiso con los principios consagrados en los tratados sobre narcóticos de la ONU incluyendo la Convención de 1961 y su enmienda, las Convenciones de 1971 y 1988;
– Intercambio de información reforzado sobre narcóticos ilícitos; contrabando; minería ilegal; tráfico de personas, incluyendo trabajo forzado, criminalidad forzada, tráfico sexual y el reclutamiento de niños en conflicto armado; así como, tendencias de lavado de activos e investigaciones;
– Llevar a cabo cooperación regional para el combate de la producción y tráfico de narcóticas; tráficos de personas en todas sus formas y actividades criminalidad conexas;
– Sanciones venideras cuyo objetivo sean individualidades relacionadas al tráfico de narcóticos, lavado de dinero y otras actividades criminales, para limitar su movimiento internacional y transacciones financieras.
– Suscripción de políticas con evidencia de la reducción de demanda de drogas enfocadas en la prevención y tratamiento, incluyendo los Estándares Internacional para la Prevención del Uso de Drogas y Tratamiento de Trastornos por el Uso de Drogas;
– Reafirmando las obligaciones anticorrupción hechas en el marco de la Convención de la ONU contra la Corrupción y la Convención Interamericana en contra de la Corrupción; y
– Avances en los principios de sociedad, cooperación informal, transparencia y responsabilidad en la recuperación de activos robados;
– Comprometidos a cooperar en contra de todas las formas de crimen transnacional organizado y reafirmando nuestros compromisos hechos bajo la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos; en particular, el Protocolo de la ONU para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños; y
– Reconociendo la necesidad de construir capacidades para las autoridades relevantes para mejorar la seguridad pública dentro de Venezuela, con el fin de llevar a cabo las acciones antes descritas en contra del crimen y la corrupción que han emergido de Venezuela, debido a la falta del Estado de Derecho bajo la presidencia ilegítima de Nicolás Maduro.
