El capitán de navío Luis Humberto de la Sotta continúa la lucha por demostrar su inocencia y obtener su libertad tras casi cuatro años de torturas y tratos crueles en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
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El militar ha estado casi totalmente incomunicado de su familia desde su detención en 2018, cuando fue acusado de supuesta participación en una rebelión contra el régimen de Nicolás Maduro para sabotear los comicios que facilitaron la reelección del líder socialista, reseñó El Nacional.
Molly de la Sotta, hermana del castrense, denunció una vez las condiciones infrahumanas en las que permanece el oficial bajo custodia de la Dgcim, quien el 21 de marzo de 2021 fue trasladado a Fuerte Tiuna.
Los familiares del excomandante de la Octava Brigada de los Comandos de Mar en la bahía de Turiamo, en el estado Aragua, afirman que la justicia “no presenta pruebas ni ha podido demostrar delito alguno”. Asimismo, indican que tampoco hay evidencias de presunta cospiración con la dirigente política María Corina Machado.
“Una semana antes de la detención, mi hermano había discutido con su comandante, el contralmirante, ahora vicealmirante, Edward Ojeda Sojo”, recordó Molly.
Además, la familia De la Sota ha presentado diversas denuncias ante la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y tribunales militares sobre las torturas que sufrió el oficial a manos de los custodios.
No obstante, su hermana afirma que no se han iniciado las investigaciones ni se protegen sus derechos humanos.
Precisó que al momento de la detención del oficial, cuatro sujetos “lo golpearon con palos, le aplicaron asfixia mecánica con bolsa plástica, electricidad y polvo lacrimógeno en los ojos. Lo mantuvieron en el piso con restricción de alimentos y aseo personal”.
A pesar de que asistió a su presentación ante la jueza militar Claudia Pérez de Mogollón con “ropa sucia y ensangrentada”, además, “denunció las torturas y se declaró inocente”, la magistrada ignoró la denuncia y solo contestó “que las torturas no eran de su incumbencia”, asevera Molly.
Instancias internacionales
Su hermana también destacó que el caso del militar ha sido presentado ante instancias internacionales. Incluso lo analizó el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas en su 92° período de sesiones, del 15 al 19 de noviembre de 2021.
La delegación de la ONU estableció que “la privación de libertad de los señores Luis Humberto de la Sotta Quiroga, Ruperto Molina Ramírez, Abraham Américo Suarez Ramos, Adrián Leonardo de Gouveia de Sosa, Ricardo Efraín González Torres, Carlos Gustavo Macsotay Rauseo y Elías José Noriega Manrique es arbitraria”.
Concluyó que, “teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a los señores Luis Humberto de la Sotta Quiroga (y los nombrados) inmediatamente en libertad”, aunado a ello, consideró que deben “concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”.
A su vez, el “relator contra la Tortura y Detención Arbitraria, envió correspondencia a la Cancillería venezolana el 5 de marzo del 2020” y “denunció el caso, sin que hasta ahora hayan obtenido respuesta”.
Por su parte, la Misión Independiente de las Naciones Unidas sobre los hechos en Venezuela del año 2020 también acordó que se cometió desaparición forzada a corto plazo, detención arbitraria, torturas, entre otros, y pidió su liberación.
En el informe del secretario general de la ONU de septiembre 2021, se denunció de igual forma el caso del oficial Luis de la Sotta.
Aunque es un ciudadano con doble nacionalidad, venezolana y peruana, al cónsul no se le permite ingresar para visitarlo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas en octubre de 2018, pero no se cumplieron.
Molly señaló que su hermano y otros militares tienen más de tres años sin juicio, sin embargo, siguen presos.
“El régimen de Maduro, a pesar de estar en el Consejo de Derechos Humanos, a pesar de que la CPI investiga a Venezuela por crímenes de lesa humanidad, no cumple ni con las reformas que le prometió a la señora Bachelet, ni a la Corte Penal Internacional. Tampoco se cumplen los procedimientos internacionales de la ONU, a pesar de que la oficina de la alta comisionada está en Venezuela desde 2019”, denunció.
Por último, resalta que su solicitud es que “se cumplan los procedimientos, que los dejen en libertad, y que la alta comisionada Michelle Bachelet denuncie la situación que vivimos en Venezuela, porque los familiares no tenemos a dónde ir”.