Diputados chavistas denunciaron este miércoles ante la fiscalía al presidente de Empresas Polar y al exministro venezolano, Lorenzo Mendoza y Ricardo Hausmann, respectivamente, por hablar de un eventual financiamiento del FMI ante la aguda crisis venezolana, reseña Sumarium.
Pese a que el diputado Pedro Carreño reconoce que Nicolás Maduro es el “único” responsable de la hacienda pública y que solo representantes del Estado pueden pedir y ejecutar apoyo financiero del FMI, dijo que Mendoza y Hausmann incurrieron en “usurpación de funciones contra la independencia y soberanía de la nación, asociación para delinquir y traición a la patria”.
Créditos: Sumarium.
“Los organismos multilaterales, FMI, CAF, suscriben convenios con los gobiernos (…) Estas consideraciones las hemos hecho llegar a la Fiscal General y el documento fue respaldado por 101 diputados de la AN”, declaró en las afueras del MP.
Sin embargo, el parlamentario para el Psuv no mencionó que la conversación telefónica y privada fue grabada de manera ilegal. Tampoco explicó cómo se obtuvo dicho material y que además no es su responsabilidad indagar en ello.
Abogados venezolanos aseguraron a Sumarium que el principal empresario de alimentos del país y el economista residenciado en EE UU no cometieron delito alguno, pues hablaban como cualquier venezolano de la crisis económica del país y cómo se podría salir de ella. Lo que sí señalaron como una “actividad delictual” es el hecho de haber sido grabados sin autorización alguna, ya que hasta ahora no se ha informado si la acción fue respaldada por un juez.
Igualmente, puntualizaron que el delito de “traición a la patria” está enmarcado en unos “parámetros que no tienen nada que ver” con el caso.
HASTA 30 AÑOS DE CÁRCEL
Un abogado penalista consultado por la AFP, que pidió la reserva de su identidad, explicó que el delito de traición a la patria incluye varios tipos penales, el más grave de los cuales es sancionado con entre 20 y 30 años de prisión.
Otra de esas conductas acarrea penas de entre 8 y 16 años, mientras que el cargo de usurpación es penado con dos a seis meses y, el de asociación ilícita, con dos a cinco años de cárcel.