«Nosotros consideramos que una democracia no sólo es ir a la urnas, sino la garantía del cumplimiento de la ley y la garantía del respeto a los derechos fundamentales, especialmente a través de los tribunales», insistió poco después la vicepresidenta del ejecutivo, Soraya Saénz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al semanal consejo de ministros.
«Nosotros pedimos ese respeto a los derechos procesales y a la libertad de todos», añadió Saénz de Santamaría.
La justicia venezolana condenó el jueves a 13 años, nueve meses y siete días de cárcel a Leopoldo López, de 44 años, acusado de incitar a la violencia durante las protestas antigubernamentales de 2014, que se saldaron con 43 muertos y cientos de heridos entre enero y mayo de 2014.
El fallo fue rechazado por toda la oposición en el país sudamericano, que llamó a celebrar protestas pacíficas.
López deberá purgar su pena en la prisión militar de Ramo Verde, donde permanece detenido desde el 18 de febrero de 2014 cuando se entregó a las autoridades.
«Nos preocupa la inestabilidad política y también social que sufren los venezolanos», añadió Saénz de Santamaría, que recordó que «Venezuela afronta unas elecciones legislativas el próximo 6 de diciembre que son claves».
«Esas elecciones tienen que ser libres, justas, inclusivas y transparentes, por eso pedimos que todos los actores, todo el mundo en derecho de su libertad pueda participar, elegir y ser elegido», concluyó.
Anteriormente, el exjefe del gobierno español Felipe González había considerado en una declaración este viernes que con la condena a López «se consuma el proceso de destrucción de libertades democráticas emprendido por el Régimen» del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Colaboración AFP