Este fin de semana los trabajadores de Corpoelec tendrían la oportunidad de comprar alimentos regulados en un operativo especial que organizaron para ellos en las instalaciones de la represa Macagua y en Guri. Solo hay un detalle.Los empleados de la estatal eléctrica que firmaron por el referendo revocatorio estarán vetados y no podrán recibir el beneficio. ¿Muy socialista, no?
El ingeniero Edgar Sánchez, quien tiene más de 10 años laborando en Corpoelec, fue llamado a una reunión donde le anunciaron que no recibiría el beneficio alimenticio debido a que firmó en el proceso revocatorio que convocó la Mesa de la Unidad Democrática.
Según reseña la periodista Clavel Rangel en un trabajo publicado por Correo del Caroní, Sánchez, que forma parte de la gerencia de proyectos mayores de Tocoma, decidió denunciar por la continua intimidación que hace la empresa. Una semana después de firmar, el trabajador fue convocado por el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, junto a otros técnicos, para convencerlo de que retirara su firma de la convocatoria de la MUD.
“Yo creo que no nos podemos quedar callados, este es un derecho constitucional. Sé que mucha gente se queda callada por temor a mantener su empleo, pero esto no se puede permitir porque no hemos hecho nada malo”, dijo.
“Si me quedo callado no va a pasar nada (…) ojalá que me escucharan quienes tienen poder de decisión no solo en Corpoelec, sino en otras empresas, porque todos somos venezolanos, todos estamos pasando por la misma situación, hay que denunciar y hay que actuar”, contó el trabajador.
Durante la convocatoria a la recolección del 1% de las firmas para la legitimación de la MUD como convocante al referendo, Corpoelec ejecutó despidos a trabajadores que estaban en nómina especial en todo el país bajo el alegato de órdenes superiores.
En Guayana, tres técnicos en edad de jubilación denunciaron públicamente la medida.
La discriminación en la entrega de alimentos, sin embargo, ha sido una denuncia reiterada desde 2015 durante la campaña de las elecciones de la Asamblea Nacional (AN).
Diversas organizaciones que defienden derechos humanos han advertido de sus implicaciones, incluyendo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (CESCR).
“Toda discriminación en el acceso a los alimentos, así como a los medios y derechos para obtenerlos, por motivos de raza, color, sexo, idioma, edad, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, con el fin o efecto de anular u obstaculizar la igualdad en el disfrute o ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales [entre ellos la alimentación] constituye una violación del Pacto.”
Con información de Correo del Caroní.