Un gran jurado federal en Miami acusó este miércoles 24 de agosto a un venezolano de lavar dinero obtenido de contratos de adquisición sustancialmente inflados obtenidos mediante el pago de sobornos a altos funcionarios de Petropiar, una empresa conjunta entre Petróleos de Venezuela y una petrolera estadounidense.
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Según la acusación formal, Rafael Rixon Rafael Moreno Oropeza, de 46 años de edad, presuntamente participó desde al menos 2015 hasta al menos mayo de 2019 en un plan para obtener contratos multimillonarios de Petropiar mediante el pago de sobornos a altos funcionarios de Petropiar.
Moreno supuestamente acordó pagar un soborno de 1 millón de dólares a un alto funcionario del gobierno venezolano para nombrar a otra persona como funcionario de alto rango en la división de adquisiciones de Petropiar, informó el Departamento de Justicia.
Además, Moreno supuestamente envió millones de dólares en pagos de sobornos a altos funcionarios de Petropiar desde cuentas que controlaba en el sur de la Florida. A cambio de estos pagos de soborno, supuestamente recibió beneficios que incluyen más de 30 millones de dólares en pagos de contratos de Petropiar a cuentas que Moreno controlaba en el sur de la Florida.
Ilustrativo de esto, el venezolano recibió aproximadamente 2,7 millones de un contrato de Petropiar para suministrar dispositivos de respiración, un contrato cuyo precio supuestamente había sido inflado a 100 veces el costo real. Moreno habría usado las ganancias obtenidas de los contratos de Petropiar para su propio beneficio personal, incluida la compra de bienes raíces, un avión privado y vehículos de lujo en el sur de la Florida.
Moreno es acusado de concierto para delinquir para lavar dinero; encubrimiento lavado de dinero; lavado de dinero promocional internacional; y participar en transacciones que involucren bienes derivados de actividades delictivas. Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero y hasta 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones con bienes derivados de actividades delictivas.
Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
Redacción Maduradas
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