La crisis humanitaria, política y económica que afronta Venezuela ha obligado a millones de personas a dejar su país para buscar nuevas oportunidades y una mejor calidad de vida cruzando fronteras, como hacia Estados Unidos.
Agencias
A principios de noviembre, la Agencia de la ONU para los Refugiados informó que hay 7,1 millones de refugiados y migrantes venezolanos alrededor del mundo.
La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes, que está conformada por casi 200 organizaciones, precisa que de esa cifra de migrantes y refugiados venezolanos, casi 6 millones están en América Latina y el Caribe. No obstante, el deseo por llegar a Estados Unidos entre esta población ha aumentado últimamente.
Un alivio para los venezolanos
Unas de las primeras medidas que adoptó Joe Biden al llegar a la Presidencia de Estados Unidos en enero de 2021, fue aprobar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos de Venezuela que estaban dentro de Estados Unidos antes del 8 de marzo de ese año.
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El pasado mes de julio, el gobierno de Biden decidió extender por 18 meses más ese recurso migratorio que da cobijo a ciudadanos de países que afrontan desastres ambientales o conflictos armados. La prórroga para los venezolanos entró en vigor el pasado 10 de septiembre y se extiende hasta el 10 de marzo de 2024.
Esa ley tiene una limitante para los venezolanos que llegaron después del 8 de marzo de 2021, ya que corren el riesgo de ser deportados. Se estima que al menos 200.000 podrían quedar fuera del amparo.
Deportaciones a través de un tercer país
En octubre de 2020, cuando era candidato presidencial, Biden condenó la deportación de venezolanos a través de Trinidad y Tobago, país de tránsito donde ese año se expulsaron 193 connacionales.
A través de su cuenta de Twitter y en plena campaña presidencial, Biden atacó al entonces mandatario Donald Trump por “usar deportaciones sigilosas para enviarlos de vuelta al opresivo régimen de Maduro” y enfatizó que esas expulsiones no tenían en consideración “el sufrimiento del pueblo venezolano”.
No obstante, a inicios de este año, Noticias Telemundo Investiga había denunciado que el gobierno del demócrata Biden seguía utilizando la deportación de venezolanos a través de terceros países.
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El medio de comunicación advirtió que, en el último año fiscal, seis de cada diez venezolanos expulsados no tenían ningún antecedente delictivo. Eran ciudadanos que habían dejado recientemente su país y pidieron protección en la frontera de Estados Unidos contra el régimen de Maduro.
Tras la prórroga del TPS, seguían entrando de forma irregular miles de venezolanos a diario, mientras Estados Unidos estaba atado de manos al no poder devolverlos a su país, porque no tienen relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro.
El 20 de septiembre de 2022, Biden respondió a quienes lo acusaban de ser “complaciente” con la migración venezolana, cubana y nicaragüense.
“Ahora, estoy atento a Venezuela, Cuba y Nicaragua. La posibilidad de enviarlos de regreso a esos países no es racional”, decía, después de afirmar que trabajaba de la mano con México y otros países para detener el flujo migratorio.
Nueva política migratoria
Sin embargo, tan solo 20 días más tarde, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunciaba una medida totalmente contradictoria a lo que prometía el presidente con relación a la migración venezolana.
El órgano de asesoramiento al presidente de gobierno en materia de Seguridad Nacional notificaba que, con vigencia inmediata, expulsarían a México a todo venezolano que ingresara de forma irregular al país.
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El pasado 12 de octubre, el gobierno de Biden aprobó una nueva política migratoria de para los venezolanos, que consiste en un programa que da estatus legal por dos años a quienes llegan en avión a Estados Unidos. Además, establece la expulsión inmediata de aquellos que cruzan la frontera terrestre desde México, que coincidió con el plan miles de personas que dejaron el país en busca del denominado “sueño americano”.
Las autoridades norteamericanas aceptarán en un principio a 24.000 personas que demuestren contar con un patrocinador con estatus migratorio legal y que pueda acreditar que tiene los recursos financieros por el periodo de tiempo que los migrantes vayan a residir en el país.
No pueden aplicar ciudadanos expulsados en los últimos cinco años, que hayan ingresado a Panamá o México de forma irregular, así como quienes cuentan con una residencia permanente o nacionalidad de otros países que no sea Venezuela.
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En muchos casos, los patrocinadores suelen ser familiares de venezolanos que se quedaron en su país natal y tratan de reunirse nuevamente, pero también se han registrado casos de personas que, sin conocerlos, buscan ayudar a un paisano a emigrar.
Los patrocinadores estadounidenses no requieren tener una relación de ningún tipo con venezolanos para apoyar sus solicitudes, solo deben cumplir cada uno de los requisitos formulados en el programa y pasar una verificación de antecedentes.