El presidente de Argentina, Alberto Fernández, firmó este jueves 17 de septiembre varios decretos por los que se desplaza de sus cargos a tres jueces que habían tramitado causas que afectan a la vicepresidenta Cristina Fernández, después de que el Senado, presidido por la también exmandataria, aprobara la medida en medio de una fuerte polémica.
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Las resoluciones dejan sin efecto los cargos que actualmente ejercían Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, quienes en su día habían sido trasladados, por decretos del Ejecutivo de Mauricio Macri (2015-2019), desde sus juzgados originales a otros tribunales de alto perfil.
Mientras el oficialismo considera que la decisión del gobierno macrista de ubicar en esos lugares a los tres jueces fue irregular porque se tomó sin el aval necesario de la Cámara Alta, el principal frente opositor denuncia que la nueva medida se trata de un interés personal de Cristina Fernández, procesada en diversas causas por presunta corrupción en su tiempo como jefa de Estado (2007-2015).
Una controvertida sesión
La medida obliga a Bruglia y Bertuzzi a dejar sus puestos en la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal -desde donde habían confirmado procesamientos de la expresidenta y otros funcionarios de sus Gobiernos-, y a Castelli el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 de la capital -donde iba a formar parte del juicio contra la vicepresidenta en una causa- para retornar a sus anteriores ubicaciones, en otros juzgados.
En la sesión de este miércoles del Senado, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, la Cámara que preside Fernández decidió rechazar mantener a los tres magistrados en los cargos que ocupaban. Los jueces, disconformes con la decisión que les aparta de su actual puesto, han llevado su caso ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no se expidió.
«Estamos corrigiendo algo que se debería haber realizado en el Senado de la Nación», señaló durante el pleno en el Congreso la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti, que alegó que la Cámara no podía aprobar un acuerdo con esos tres magistrados porque han tenido una conducta «contumaz» al negarse a concurrir a las audiencias públicas y ponerse «en virtual situación de rebeldía».
Por su parte, el legislador José Mayans cuestionó a los bloques opositores por haberse retirado de la sesión y remarcó que el nombramiento de un juez es un acto complejo en el que actúan «los tres poderes».
«Hay un acto que se origina en el Consejo de la Magistratura, va al presidente de la nación y que este envía los pliegos al Senado», enfatizó, en referencia, según insisten los legisladores oficialistas, a que el anterior Gobierno no contó con el acuerdo del Senado para trasladar a los jueces.
Las críticas
«La agenda de esta sesión especial, claramente no es la agenda de la gente, de los senadores, del Gobierno, de Argentina, es la agenda de la presidenta del cuerpo», reprochó el senador Martín Lousteau, miembro de Juntos Por el Cambio, la coalición de Macri.
«Si uno lo mira, la agenda de hoy es apartar a tres jueces que entienden en causas en donde está involucrada la vicepresidenta de la Nación, presidenta de este cuerpo. (…) Lo pueden disfrazar de épica, de democratización de la Justicia, de combate al ‘lawfare’ (guerra judicial), pero la agenda de esta sesión es lisa y llanamente esa», agregó.
Redacción Maduradas con información de Efe
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