¡Venezuela tiene una dictadura moderna! Las recientes violaciones a competencias del Poder Legislativo por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo certifican; además un reconocido jurista lo avala.
El abogado José Vicente Haro repudió la decisión del TSJ de limitar los poderes contralores a la Asamblea Nacional (AN), y aseguró que es un “acto desesperado” e “inconstitucional”, pues el Poder Judicial está haciendo las veces de Asamblea Constituyente y “usurpando la autoridad del pueblo».
Créditos: Prensa Presidencial
“Abiertamente inconstitucional la decisión del TSJ de hoy (martes), que impide a la AN revisar la designación irregular de magistrados realizada el 23 de diciembre (…) Constitucionalmente la AN tiene plena potestad para, conforme a su reglamento, dejar sin efecto por inconstitucionales tales designaciones (…) Más claro: el TSJ acaba de eliminar toda posibilidad para remover a magistrados del TSJ, integrantes del Poder Ciudadano y el CNE”, manifestó Haro.
Continuó diciendo que la “decisión del TSJ parece un acto desesperado, fuera de la Constitución, para perpetuar en sus cargos a personas que no deben ser magistrados (…) Con esa decisión queda confirmado que el TSJ será, muy lamentablemente, el gran muro de contención del Gobierno contra las decisiones de la AN”, reseñó Noticiero Digital.
Precisó que esta situación genera una “grave crisis constitucional” en Venezuela. “Cada sentencia del TSJ contra la AN demuestra que: el TSJ está actuando como si fuera, cuando no lo es, el Poder Constituyente (…) Mientras, tendremos a un TSJ con magistrados ilegítimos haciendo las veces de Asamblea Constituyente y usurpando la autoridad del pueblo».
«Si hasta ahora Maduro y su régimen no han disuelto la AN como lo hizo Fujimori con el Congreso Peruano en 1992 es porque tiene a este TSJ (…) Hoy lamentablemente debo decir, muy a mi pesar, que Venezuela es una dictadura moderna, con apariencia de legalidad, pero sin ella», finalizó.
El pasado martes, la Sala Constitucional del TSJ emitió una sentencia en la que impide a la AN investigar la designación de magistrados del 23 de diciembre de 2015, argumentando que el Parlamento “no está legitimado» para revocar a estos funcionarios.
El régimen venezolano se escuda en un poder para desconocer a otro, pero hasta para ser tirano hay que tener un poco de valentía, de la cual el Gobierno carece.