El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, aseguró que el oro venezolano debe tener las mismas regulaciones que se han impuesto a los diamantes de África, y que se impida su comercialización por ser fruto de actividades criminales.
EFE- AFP
«Es crucial que la comunidad internacional esté consciente de lo que está ocurriendo con el oro de Venezuela. La explotación del oro, la responsabilidad de estas mafias y el impacto a la salud de las personas que están extrayendo este oro, que tienen que estar en contacto directo con mercurio, muchas de ellas han sido infectadas con malaria. Esta zona del país tiene las incidencias más altas de malaria en Venezuela. El municipio de El Callao es de los lugares más violentos del país porque hay enfrentamientos constantes entre estas distintas bandas criminales luchando por el acceso a estos yacimientos», explicó.
Durante una entrevista concedida al programa Código 58, transmitido por TV Venezuela, el defensor de derechos humanos planteó que se debe hacer que las empresas que refinan y comercializan oro garanticen su origen.
«Si el origen es de Venezuela, del Arco Minero del Orinoco, específicamente del estado Bolívar, ese oro no puede ser objeto de comercialización por ser fruto de unas actividades criminales por parte de grupos que cuentan con la protección de la dictadura de Maduro«, sentenció.
A su juicio, con el oro venezolano debe existir un «tratamiento similar al que ha habido con la explotación de diamantes, donde hoy en día todas las grandes compañías europeas y de Estados Unidos están obligadas a certificar el origen de esos diamantes. Si los diamantes provienen de zonas en conflicto armado, y de zonas donde ha habido masivas atrocidades para apoderarse de esos diamantes, con niveles de violencia extrema como en algunas regiones de África, esos diamantes no son objetos de comercialización internacional. Hay que regular».
Para esto, el primer paso es lograr el apoyo de la opinión pública, afirmó Vivanco. «Que se conozca que hay oro que proviene de Venezuela y que es fruto de este tipo de actos atroces y que al mismo tiempo está financiando a la dictadura de Maduro», manifestó.
En su más reciente informe, HRW documentó que residentes del estado Bolívar, al sur de Venezuela, son víctimas de amputaciones y otros abusos atroces cometidos por grupos armados que controlan minas de oro, quienes desmiembran con motosierras, hachas o machetes a quienes transgredieron las reglas impuestas en la zona con el consentimiento del régimen de Maduro.