En los últimos días, Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta asamblea nacional constituyente (ANC), ha compartido en su cuenta en la red social Twitter videos sobre varios casos de presunto acoso escolar en distintos colegios de Venezuela.
EFE
En ese sentido, los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) denunció este jueves 5 de mayo que Saab utiliza las redes sociales para exponer a adolescentes implicados en un delito, algo que viola la ley y debe llevar una sanción.
A través de un comunicado, la organización defensora de los derechos humanos precisó que el fiscal del régimen de Nicolás Maduro ha empleado su cuenta en Twitter para difundir nombre, apellido y fotografía o video de menores de edad vinculados en hechos de violencia y presunto acoso escolar. Esa información he replicada en el perfil oficial del Ministerio Público (MP).
“Recordamos que la exposición en redes sociales de cualquier adolescente responsable de un hecho punible promueve su estigmatización, que sea víctima de otras expresiones de violencia o que se emitan juicios públicos sin conocer con exactitud los hechos, sin haber culminado el proceso de investigación correspondiente”, explicó Cecodap en el texto.
En el escrito, la ONG manifestó su repudio y preocupación por las posibles consecuencias de esa exposición. Asimismo, se resaltó que es una violación y debe sancionarse, ya que se difunden “datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente, cualquier niño, niña o adolescente que haya sido sujeto activo o pasivo de hechos punibles”.
En el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente se establece el derecho al honor, reputación, propia imagen, vida privada e intimidad familiar.
“Es inadmisible que el Fiscal General de la República o cualquier otra autoridad del Estado sea quien vulnere el honor, reputación y propia imagen de un adolescente, a través del uso de una plataforma pública para exponerlo. Una red social no puede ser el mecanismo para dirimir los conflictos sociales ni administrar justicia”, concluyó Cecodap en su comunicado.
Redacción Maduradas
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