La Corte Penal Internacional recibió los testimonios de cerca de 8.900 víctimas en el proceso de consultas parareanudar la investigación sobre las violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
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Las organizaciones no gubernamentales Acceso a la Justicia y Provea informaron que las personas alegan que el régimen de Nicolás Maduro no está dispuesto a investigar ni a juzgar los delitos cometidos por las autoridades estatales, fuerzas de seguridad y colectivos afectos a la revolución bolivariana.
La CPI recibió reportes de casos de asesinatos y encarcelamientos u otra privación grave de la libertad física. Además de torturas, actos inhumanos, violaciones sexuales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, persecución por motivos políticos y otras violaciones de derechos humanos.
Las ONG indicaron que entre las víctimas se incluyen defensores de derechos humanos, activistas sociales y ambientales, trabajadores humanitarios y voluntarios; profesionales de la salud, jueces, fiscales, abogados y otros funcionarios de la judicatura.
Además de trabajadores del sector público y privado, estudiantes universitarios, profesores y personal de apoyo, expolicías y militares; políticos, miembros de partidos políticos, parlamentarios, diplomáticos y pensionados, periodistas, medios de comunicación, blogueros y usuarios de redes sociales; propietarios y propietarias de tierras, granjas y negocios; inventores, innovadores y artistas.
“El informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones no contiene informaciones que identifiquen a las víctimas y/o cualquier otra persona u organización que haya participado en el proceso. Además, el gobierno de Venezuela no tiene ni tendrá acceso a los documentos presentados por las víctimas”, aseguró Acceso a la Justicia.