La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), institución militar controlada por el régimen de Nicolás Maduro y señalada como responsable en la muerte de muchos estudiantes y jóvenes venezolanos durante las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017 en el país, condenó este miércoles 5 de mayo la represión contra manifestantes en Colombia, un movimiento que comenzó en rechazo a la reforma tributaria y que continúa pese a que el polémico proyecto fue retirado del Congreso.
EFE – Reuters
«Colombia llega a su séptimo día de protestas contra el modelo neoliberal del presidente, Iván Duque. La represión policial y la acción del Ejército se han cobrado un saldo de 19 muertos y 880 heridos, según datos oficiales de la Defensoría del Pueblo», reza un tuit de la institución castrense.
Al menos 120 personas fueron asesinadas solo en las protestas de 2017 en Venezuela y en el marco represivo ejercido por los organismos de seguridad fieles al chavismo, prácticas que incluso en la actualidad se continúan aplicando contra la disidencia y líderes opositores. Sin embargo, voceros del régimen aseguran que los manifestantes en su contra fueron «pagados por la burguesía».
El diputado de la Asamblea Nacional (AN) ilegítima Diosdado Cabello, por ejemplo, reiteró este miércoles que el presidente de Colombia, Iván Duque, ha decidido «masacrar» a los ciudadanos de ese país, en alusión al accionar de las fuerzas de seguridad que buscan combatir los actos vandálicos que se han registrado durante las protestas.
“Colombia ha sido tomada por mafiosos que decidieron masacrar al pueblo más humilde. Duque gobierna para los paracos, los narcos y la oligarquía, el pueblo se levanta y pide justicia, se siente una brisa fresca, la brisa bolivariana. ¡Nosotros venceremos!”, escribió en Twitter.
Sin embargo, en un mensaje en vivo el domingo, Duque pidió al Congreso de su país que retire el polémico proyecto de reforma tributaria que había presentado su gobierno y que desató las fuertes protestas. «Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera», expresó.
«La reforma no es un capricho. Es una necesidad. Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de los programas sociales», añadió.