A las innumerables denuncias sobre irregularidades en torno a las elecciones del pasado domingo 20 de mayo se suma una presunta «cacería de brujas» por parte del Gobierno nacional en contra de los empleados públicos que decidieron no ir a votar, pese a las presiones que habrían ejercido sobre ellos.
Según lo informado por el periodista Hugo Santaromita, las autoridades comenzaron un proceso para cruzar datos entre las nóminas y la data del Consejo Nacional Electoral (CNE) para corroborar quién no fue a votar.
De acuerdo con lo señalado a través de Twitter por Santaromita, el Gobierno nacional «procederá al despido, traslado arbitrario, jubilación forzosa y la suspensión de bonos y ascenso» para quienes se abstuvieron de votar el pasado 20 de mayo.