El pasado miércoles 26 de enero, el presidente del Foro Penal Venezolano Alfredo Romero, afirmó que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, podrá recolectar evidencia y realizar entrevistas con presos políticos durante su visita a Venezuela.
Esta visita de Khan debería llevarse a cabo antes del 16 de abril, fecha que vence el plazo para que el régimen presente los argumentos, sobre el informe de violación de derechos humanos y crimenes de lesa humanidad.
Es la primera vez que un fiscal de la CPI realiza una investigación por violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el país, motivo por el cual Romero indicó en una rueda de prensa que el fiscal recolectara la información que a su criterio considere pertinente.
«Antes del 16 de abril vendrá y ya podría recolectar evidencias y entrevistarse con presos políticos», expresó.
Romero indicó que la comunicación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional le otorgo un extensión mayor de tres meses para que el régimen de Nicolás Maduro presente sus argumentos ante la investigación del organismo en su contra por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, descartando que el régimen pueda demostrar con pruebas, de que actualmente el sistema de justicia venezolano está desarrollando investigaciones transparentes y verdaderas.
«Se le dio una extensión mayor para que presenten sus argumentos de que, por ejemplo, en Venezuela hay investigaciones genuinas que impidiesen que la investigación en la CPI se realice. Sin embargo, eso no quiere decir que eso vaya a ocurrir», dijo.
Estas investigaciones sobre violaciones de derechos humanos que realizará la CPI en Venezuela, abarcara las protestas del año 2014 y 2017, las cuales se realizaron en contra de Maduro.
El régimen debía informar sobre los avances de su investigación el 16 de enero de este año, sin embargo, se ha retrasado la respuesta del gobierno venezolano a la CPI por varias circunstancias que se han de considerar excepcionales, dado el tiempo transcurrido entre la solicitud de Venezuela del 3 de enero al fiscal y su respuesta del 13 de enero, el suministro de información adicional, intentos fallidos de la fiscalía de reunirse en persona con el gobierno venezolano para discutir asuntos procesales relevantes, el receso del tribunal interviniente, así como los desafíos en curso provocados por la pandemia.
Redacción Maduradas con información de El Nacional