En un comunicado la organización Human Rights Watch (HRW) pidió este jueves a los miembros de la Asamblea Nacional salientes tras las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, que no nombren nuevos jueces del Tribunal Supremo de Justicia antes de que termine su mandato.
Asimismo, instaron a los presidentes de los países de Latinoamérica que «deberían exigir» a Venezuela que «los legisladores salientes renuncien a su intención de copar una vez más el Supremo con incondicionales al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro».
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HRW recordó que en las elecciones del 6 de diciembre la oposición venezolana obtuvo 112 de los 167 escaños de la Asamblea Nacional, y que el 8 de diciembre, el actual presidente del parlamento, Diosdado Cabello, advirtió que la Asamblea saliente nombraría a magistrados para cubrir vacantes existentes en el Supremo.
El nombramiento de los nuevos jueces se llevaría a cabo antes del 5 de enero de 2016, cuando asumirán el cargo los nuevos legisladores electos.
«Venezuela puede comenzar a revertir más de una década de autoritarismo restableciendo la independencia del Tribunal Supremo», señaló José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW.
«Pero esta oportunidad de restituirle al Tribunal Supremo su función de control del poder ejecutivo y garante de derechos fundamentales será desperdiciada si Diosdado Cabello consigue copar políticamente una vez más el tribunal con adeptos», añadió.
Según HRW, el Gobierno de Maduro «se ha valido de la falta de independencia del sistema judicial para castigar a medios de comunicación y encarcelar a críticos, incluidos opositores políticos prominentes como Leopoldo López, y a ciudadanos de a pie que han cuestionado políticas del Gobierno».
La Asamblea Nacional debe ahora designar a 18 magistrados permanentes en el Tribunal Supremo, incluidas las 13 vacantes creadas por magistrados que pidieron su jubilación en octubre de 2015.
«En teoría, la nueva supermayoría en la Asamblea Nacional debería tener votos suficientes para renovar al Tribunal Supremo y restablecer la independencia del poder judicial», apuntó Vivanco.
«Sin embargo, si el Tribunal integrado con nuevos incondicionales del actual Gobierno actúa como lo ha hecho en la última década, es casi seguro que intentará frenar tales esfuerzos, y esto podría provocar una profunda crisis constitucional que contribuirá a socavar más aún el estado de derecho en Venezuela», concluyó.
Con información de Diario Las Américas.