El vicealmirante retirado Mario Iván Carratú Molina, quien fue acusado junto a un grupo de individuos de supuestamente conspirar contra la administración de Nicolás Maduro, denunció el 25 de enero que agentes de seguridad del Estado realizaron un allanamiento en su residencia en Caracas.
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Según él, considera que esta acción es «represiva e ilegal», ya que su vivienda fue «invadida y confiscada» por parte de «operadores del sistema totalitario venezolano». Carratú Molina informó a través de la red social X que su apartamento estaba desocupado desde hace tres años, ya que su esposa, quien abandonó el país, lo dejó tras un procedimiento anterior.
El militar retirado también alertó que el jefe de la junta de condominio del edificio le comunicó a su hijo que ya no formaría parte del grupo de WhatsApp de vecinos, argumentando que el nuevo propietario del inmueble era el «Gobierno».
El fiscal general designado por la extinta constituyente, Tarek William Saab, anunció el 22 de enero que las autoridades «desactivaron cinco conspiraciones» que buscaban «bañar de sangre a Venezuela». Afirmó que varios militares fueron reclutados desde Colombia por estas acciones y se emitieron 14 órdenes de aprehensión por un supuesto plan destinado a asesinar a Maduro y al gobernador del Táchira, Freddy Bernal.
Entre los buscados se encuentran: la abogada Tamara Sulay Sujú, Wender Villalobos, los periodistas Norbey Marín y María Sebastiana Barráez, Mario Carratú Molina y José Antonio Colina, director de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex).
Carratú Molina posteriormente negó su participación o colaboración en la llamada «operación Brazalete Blanco» y desmintió las declaraciones del capitán Angelo Heredia, quien, en videos difundidos por la Fiscalía, afirmó haber tenido reuniones con él y que él habría aprobado una operación para ingresar al país.