En Venezuela la violencia infantil ha alcanzado porcentajes preocupantes, el pasado 7 de junio el Ministerio Público informó que entre enero de 2022 y mayo de 2023 se registraron 7.165 casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, incluso fue necesario crear una oficina con competencia nacional y especializada en los delitos que atentan contra la integridad de los niños, niñas y adolescentes.
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Se conoció también que 2.317 personas fueron imputados por delitos de abuso sexual contra menores, 2.915 fueron acusadas y 1.355 condenadas por estos hechos.
La organización venezolana Cecodap, hizo referencia al informe de “Índice Fuera de las Sombras”, publicado en marzo de 2023 por Economist Impact, para indicar que Venezuela es el segundo país de Latinoamérica con menos medidas de prevención contra el abuso sexual infantil.
Pero esto no queda allí, la violencia infantil también ha estado registrándose en las cárceles y retenes judiciales del país.
En diciembre de 2022, Karelys Arcilla Montilla, de 27 años, fue con su hijo, de apenas un año de nacido, al Centro Penitenciario de Aragua, conocido como el Penal de Tocorón, para visitar a su pareja y celebrar el cumpleaños del infante, pero no tengo que faltaban galletas y refrescos por lo que dejó al pequeño bajo el cuidado de su novio, Enrique Soto Colmenares, para ir a comprar los artículos que le faltaban.
Cuando la madre regresó se percató de que el pequeño estaba inconsciente y ensangrentado, lo llevó a un centro de salud cercano, pero ya no tenía signos vitales, los médicos determinaron que había sido golpeado y abusado sexualmente.
El responsable fue Soto, quien llevaba seis meses preso por haber cometido abuso sexual contra menores y terminó muerto luego de que la población penal tomara justicia por sus propias manos.
La madre había tratado de ocultar lo sucedido alegando que el niño parecía de un cuadro respiratorio y tos, por este motivo fue detenida e imputada por el delito de infanticidio, más tarde fue condenada a 19 años y ocho meses de prisión y permanece recluido en el mismo penal donde murió su hijo.
La organización Una Ventana a la Libertad entrevistó a Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap, destaco que Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja que tiene un impacto determinante en las familias.
“Hay una tensión económica, hay una tensión familiar y hay una violencia que se cuela en las relaciones familiares y evidentemente eso tiene un impacto en los niños. Las familias han sido el acto social más olvidado de las políticas públicas y todo eso se traduce en más violencia”, indicó.
Además, reconoció: “Hemos normalizado la violencia y además existe una marcada impunidad”.
Por su parte, la abogada Angeyeimar Gil, ex Consejera de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes explicó que la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna) establece un derecho de doble titularidad, es decir, que el privado o privada de libertad tiene derecho a ver y mantener relación con sus hijos y demás familiares y viceversa, pero, hay factores de riesgo que no lo permiten.
“Todo esto debe ser un proceso supervisado por el Estado, pero lamentablemente no lo es. La entrada de los infantes a los penales depende de la persona que lo lleva, realmente no hay un proceso de solicitud de permisos”, explicó Gil.
Redacción Maduradas con información de La Patilla.
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