Venezuela registró entre 2017 y 2019 un total de 3.738 muertes violentas de menores de edad, según reveló un informe de la ONG Centros Comunitarios de Aprendizajes (Cecodap), presentado este miércoles 15 de septiembre.
«3.738 muertes violentas de niños, niñas y adolescentes (ocurrieron) entre 2017 y 2019. De esta cifra de fallecidos, 917 (24,5 %) eran niños y niñas, y 2.821 (75,5 %) eran adolescentes», explicó la organización en el documento.
Cecodap precisó que el 88% de esas muertes corresponden a niños y adolescentes del sexo masculino, y el resto, al femenino.
La organización, que defiende los derechos de los niños, presentó este balance, denominado Informe Somos Noticia, en conjunto con el Observatorio Venezolano de Violencia y la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Según especifican las ONG participantes, en hechos violentos de los que se tiene detalle, que afectaron a 917 niños y 2.821 adolescentes, se incluyen las muertes por asesinato (2.291), por «letalidad policial» (545), por «balas perdidas» (14), por acción violenta de un familiar (17), y «hechos de violencia autoinfligida (33), y el resto, a muertes violentas no determinadas.
El equipo de investigadores identificó que «entre las formas de la violencia que afectan a este grupo etario se encuentran las ocasionadas por los policías, pero que no se encuentran categorizadas como homicidios«.
«Todas estas muertes pudieron haberse evitado. Además nos llama la atención que tenemos un número alarmante de muertes a manos de cuerpos policiales», indicó Gloria Perdomo, investigadora encargada de la presentación del documento.
Sobre los sucesos ocurridos a manos de funcionarios de seguridad del Estado, Cecodap explica que de los 545 menores asesinados por «letalidad policial», 26 tenían menos de 12 años.
La organización venezolana advierte que las cifras que se desprenden del estudio fueron recabadas de informaciones de sucesos ocurridas en distintas zonas del país y que les fue posible «conocer que los victimarios de estos homicidios fueron, en su mayoría individuos que participan en bandas criminales».
Como recomendaciones finales, Cecodap exhorta al Estado a desarrollar programas de formación en derechos humanos, así como a garantizar la existencia de servicios para atender «de forma apropiada» amenazas, acosos, maltrato y abuso contra los niños, niñas y adolescentes.